Riñas y agresiones mutuas: el error que impide absoluciones cuando el caso no está bien probado

En los procedimientos por delito de lesiones derivados de peleas, discusiones físicas o enfrentamientos recíprocos, existe una idea muy extendida que, por repetida, acaba pareciendo una regla jurídica cuando en realidad no lo es: si hubo pelea entre dos personas, los dos son penalmente responsables. Ese automatismo está profundamente arraigado en la práctica, pero no responde al verdadero esquema del Derecho Penal. Y precisamente por eso, cuando se aplica sin el análisis que exige la jurisprudencia, deja abierto uno de los frentes defensivos más claros en este tipo de asuntos.

Conviene empezar por delimitar bien el terreno. La jurisprudencia del Tribunal Supremo mantiene de forma constante que en la riña mutuamente aceptada no cabe apreciar legítima defensa, ni completa ni incompleta, porque falta un presupuesto básico de la eximente: la existencia de una agresión ilegítima previa. Cuando ambas partes aceptan voluntariamente el enfrentamiento, ambas asumen el papel de agresores y quedan fuera del marco típico de protección que exige el artículo 20.4 del Código Penal. El Tribunal Supremo lo ha reiterado expresamente al afirmar que en una pelea recíprocamente consentida no es posible hablar de agresión ilegítima en el sentido técnico que requiere la legítima defensa.

Ahora bien, y este es el matiz que muchos juzgados y acusaciones manejan mal, de esa imposibilidad de invocar legítima defensa no se sigue automáticamente que exista delito ni que ambos intervinientes deban ser condenados. Ese es el error central. Que una pelea sea recíprocamente aceptada no elimina la obligación de probar todos los elementos del delito de lesiones: la existencia de un resultado típicamente relevante, su atribución causal a una persona concreta y la concurrencia de una conducta individualizable con relevancia penal. La riña no sustituye la prueba. La pelea no convierte por sí sola a todos los que intervienen en autores de unas lesiones penalmente acreditadas.

Y aquí aparece uno de los problemas más frecuentes en la práctica: la autoría difusa. En muchas peleas hay versiones cruzadas, escasa calidad testifical, ausencia de testigos directos fiables y partes médicos que describen lesiones, pero no permiten identificar quién causó cuál, con qué mecanismo exacto ni en qué momento del enfrentamiento. Cuando eso ocurre, condenar exige un esfuerzo probatorio especialmente riguroso. No basta con afirmar que “en el curso de la riña se causaron lesiones” y trasladar desde ahí una responsabilidad casi colectiva o ambiental. El Derecho Penal español rechaza frontalmente la responsabilidad objetiva, y una sentencia que condena sin individualizar con precisión la acción lesiva y su autoría se acerca peligrosamente a ese terreno.

También se incurre con frecuencia en otro error: mantener la respuesta penal en supuestos donde las lesiones son leves, superficiales o sin tratamiento médico o quirúrgico relevante. El Código Penal distingue claramente el tipo básico del artículo 147.1, que exige tratamiento médico o quirúrgico además de una primera asistencia, del régimen del artículo 147.2 para lesiones de menor entidad. Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, desaparecieron las antiguas faltas y se reforzó la idea de que las lesiones de menor gravedad tienen un tratamiento penal más limitado, precisamente para evitar que el Derecho Penal se convierta en la respuesta automática a cualquier conflicto físico de escasa entidad.

En este contexto, en muchas riñas lo decisivo no es tanto si hubo un enfrentamiento como si las consecuencias lesivas alcanzan realmente entidad típica. Si las lesiones son recíprocas, simétricas, superficiales o carentes de tratamiento médico penalmente relevante, la acusación no puede sostenerse únicamente sobre la existencia del altercado. Hace falta probar que el resultado entra de verdad en el tipo penal aplicable. Y cuando esa frontera no se examina con rigor, la condena se apoya más en la intuición de que “alguien tiene que responder” que en una correcta aplicación del principio de tipicidad.

Otro punto especialmente delicado es la diferencia entre riña mutuamente aceptada y agresión unilateral. No todas las peleas son jurídicamente iguales. A veces se etiqueta como riña un episodio que en realidad comenzó con una agresión clara de una de las partes, o donde una de ellas no aceptó realmente el enfrentamiento, o donde la respuesta final fue claramente desproporcionada respecto de lo ocurrido antes. En esos casos, la simplificación judicial de calificarlo todo como “riña” puede desfigurar por completo el análisis jurídico. La cuestión no es nominal, sino probatoria: hay que determinar si existió verdadera aceptación recíproca del enfrentamiento, o si por el contrario hubo una agresión inicial y una secuencia de hechos que obligan a examinar de otro modo la responsabilidad individual.

Por eso, estos procedimientos no se ganan ni se pierden discutiendo quién empezó a insultar primero o quién gritó más. Se ganan en cuatro planos muy concretos: si existió realmente una riña mutuamente aceptada, si las lesiones son penalmente relevantes, si la autoría está correctamente individualizada y si el nexo causal entre conducta y resultado está suficientemente acreditado. Cuando una sola de esas piezas falla, la condena deja de estar jurídicamente asegurada.

Una defensa penal eficaz en este terreno no busca refugiarse en la legítima defensa cuando el propio caso demuestra una confrontación recíproca, porque eso suele ser una vía muerta. Lo que hace es mucho más útil: obliga a la acusación a demostrar con precisión qué lesión se imputa, quién la causó, cómo se acredita y por qué ese resultado merece reproche penal. Esa es la diferencia entre una defensa decorativa y una defensa real.

En Almeida Penalista este tipo de asuntos se estudian desde esa perspectiva estrictamente técnica: separando la existencia de una pelea de la existencia de un delito probado. Porque en no pocas causas por riñas y agresiones mutuas el problema no es que hubiera un enfrentamiento, sino que nadie ha probado correctamente quién causó qué, con qué relevancia penal y con qué base bastante para destruir la presunción de inocencia. Y en Derecho Penal, esa diferencia lo cambia todo.